Dentro de las regulaciones para empresas, la Directiva Whistleblowing es crucial en el ámbito laboral. Esta directiva exige, entre otros aspectos, la implementación de un Canal de Denuncias interno.
Qué es Directiva Whistleblowing
La Directiva Whistleblowing es un marco legal de la Unión Europea diseñado para proteger a los informantes o whistleblowers, personas que denuncian actos ilícitos o violaciones de las leyes dentro de una organización. Esta directiva tiene como objetivo garantizar que los informantes tengan acceso a canales efectivos y seguros para reportar estas violaciones de manera confidencial, estableciendo un sistema robusto de protección contra represalias.
Esta Directiva amplía el alcance de protección para los informantes más allá del sector público para incluir empresas privadas con 50 o más empleados, así como organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre otros.
El objetivo principal de esta normativa es asegurar que cualquier persona trabajadora tenga a su disposición un mecanismo para denunciar actos ilícitos sin temor a represalias. Además, esta Directiva busca mejorar la detección y prevención de conductas incorrectas y violaciones de las leyes y regulaciones.
Por otro lado, se incentiva a los informantes a reportar internamente cualquier infracción siempre que crean que esta puede ser abordada de manera efectiva y no exista riesgo de represalias.
Es importante destacar que esta Directiva requiere que los Estados Miembros proporcionen a los informantes y potenciales informantes acceso a medidas de apoyo
Objetivo de la Directiva Whistleblowing
El propósito principal de la Directiva Whistleblowing es establecer normas y procedimientos para la protección de los denunciantes, personas que proporcionan información sobre infracciones dentro de una organización, de represalias. Esta Directiva fomenta una cultura de integridad y responsabilidad al proporcionar canales seguros y efectivos para denunciar irregularidades.
La Directiva aborda varios tipos de irregularidades, incluyendo pero no limitado a:
- Incumplimiento de las leyes de la Unión Europea.
- Fraude y corrupción.
- Violaciones de los derechos del consumidor.
- Infracciones en el área de privacidad y protección de datos.
- Incumplimientos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo.
- Daño al medio ambiente.
Es importante destacar que esta Directiva también se refiere a la necesidad de proteger a las personas denunciadas, reconociendo el riesgo de que la información, incluso si es incorrecta o malinterpretada, pueda causar daño a su reputación.
Protección a los denunciantes
La Directiva Whistleblowing otorga varias medidas de protección a los informantes o denunciantes, que incluyen:
- Prohibición de represalias: Los Estados miembros están obligados a prohibir cualquier tipo de represalia contra los denunciantes, incluyendo el despido, sanciones disciplinarias o el descenso de categoría
- Confidencialidad: La identidad del denunciante debe mantenerse confidencial durante todo el proceso, y solo puede ser revelada con el consentimiento expreso del individuo
- Canales de denuncia seguros: Las organizaciones deben establecer canales internos y externos para reportar infracciones. Estos canales deben garantizar la confidencialidad y la protección de los datos personales
- Protección legal y asesoramiento: Los denunciantes deben tener acceso a asesoramiento legal gratuito y a representación en procedimientos judiciales
- Remedios efectivos y accesibles: En caso de represalias, los denunciantes deben tener acceso a remedios, que pueden incluir compensación por daños, una orden de cese y desista, y medidas para prevenir nuevas represalias
- Protección para un amplio rango de personas: La Directiva protege a una amplia gama de personas, no solo a los empleados, sino también a los contratistas, voluntarios, pasantes, accionistas y ex empleados
- Inversión de la carga de la prueba: En caso de litigio, es responsabilidad del empleador demostrar que cualquier medida tomada contra un informante no se debió a su denuncia
Ámbito de aplicación
La Directiva Whistleblowing tiene implicaciones significativas para organizaciones y sectores en toda la Unión Europea. Aquí hay algunas formas en que se aplica:
- Organizaciones de todos los tamaños: La Directiva se aplica a todas las organizaciones públicas y privadas con 50 o más empleados. Esto incluye tanto a empresas como a organizaciones no gubernamentales (ONGs)
- Varios sectores: La Directiva cubre una amplia gama de sectores, desde el financiero hasta el medio ambiente, pasando por el sanitario y el educativo, entre otros. Las infracciones que pueden ser denunciadas incluyen, pero no se limitan a, corrupción, fraude, evasión fiscal, riesgos para la salud pública y seguridad, así como daños al medio ambiente
- Canales de denuncia: Las organizaciones deben establecer canales internos y externos seguros para reportar infracciones. Estos canales deben garantizar la confidencialidad y proteger los datos personales del denunciante
- Protección contra represalias: Las organizaciones están obligadas a proteger a los denunciantes de represalias. Esto incluye tomar medidas para prevenir, identificar y abordar situaciones en las que un denunciante pueda sufrir represalias
- Apoyo a los denunciantes: Las organizaciones deben proporcionar información y asesoramiento a los denunciantes y potenciales denunciantes. También deben ofrecer medidas de apoyo, que pueden incluir asesoramiento legal gratuito y representación en procedimientos judiciales
Canales de denuncia
Según esta directiva, las organizaciones deben establecer tanto canales de denuncia internos como externos.
- Canales de denuncia internos: Estos son mecanismos dentro de una organización diseñados para recibir y manejar las denuncias de irregularidades. Pueden ser gestionados por personal interno o un tercero contratado por la organización. Los canales internos pueden incluir una línea directa de denuncia, un buzón de correo electrónico dedicado o un sistema online seguro. El propósito de estos canales es permitir a los empleados denunciar problemas internamente para que la organización pueda tomar medidas correctivas antes de que la situación se agrave o se haga pública
- Canales de denuncia externos: Estos son mecanismos externos a la organización donde los denunciantes pueden reportar irregularidades. Estos canales pueden ser operados por autoridades reguladoras, organismos de supervisión u otras entidades independientes. Los denunciantes pueden elegir utilizar un canal externo si consideran que el canal interno es inadecuado, si temen represalias o si la organización no ha abordado adecuadamente su denuncia
La Directiva anima a los denunciantes a utilizar primero los canales internos siempre que sea posible, pero no los obliga a hacerlo. Los denunciantes tienen la opción de acudir directamente a los canales externos si lo consideran necesario.
Proceso de denuncia
El proceso para presentar una denuncia según la Directiva Whistleblowing implica los siguientes pasos:
- Elección del canal de denuncia: La Directiva recomienda que los denunciantes elijan en primer lugar un canal de denuncias interno antes que acudir a una fuente externa
- Presentación de la denuncia: Las denuncias pueden hacerse a través de canales internos establecidos en la organización. Estos canales deben ser seguros y confidenciales, accesibles solo para las personas autorizadas
- Recepción y seguimiento de la denuncia: Una vez que se presenta la denuncia, se debe designar a una persona o departamento para que realice la recepción, seguimiento y acuse de recibo de la denuncia
- Plazos de respuesta: La Directiva establece unos plazos para responder y procesar las denuncias internas, de manera que estas no se queden olvidadas o archivadas
- Protección del denunciante: Durante todo este proceso, se debe garantizar que el denunciante está protegido contra represalias y que su identidad se mantiene confidencial
Plazos de implementación
La Directiva Whistleblowing (Directiva (UE) 2019/1937) fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 23 de octubre de 2019. Según esta Directiva, todos los Estados miembros de la Unión Europea debían incorporarla a su legislación nacional antes del 17 de diciembre de 2021.
El proceso de transposición de la Directiva ha sido lento en algunos países. Aunque el plazo finalizó en diciembre de 2021, a fecha de hoy, 20 de los 27 Estados miembros han implementado sus requisitos.
Es importante tener en cuenta que la fecha efectiva de entrada en vigor de la Directiva puede variar dependiendo del Estado miembro, debido a los procedimientos internos de cada país para incorporar las directivas de la UE en su legislación nacional.
Responsabilidades de las organizaciones
Las organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen varias responsabilidades en virtud de la Directiva Whistleblowing:
- Establecer canales de denuncia: Las organizaciones deben establecer canales internos y externos seguros para reportar infracciones. Estos canales deben garantizar la confidencialidad y proteger los datos personales del denunciante
- Garantizar la confidencialidad del denunciante: Las organizaciones deben asegurar que la identidad del denunciante se mantenga confidencial durante todo el proceso de denuncia
- Proteger a los denunciantes contra represalias: Las organizaciones tienen la responsabilidad de proteger a los denunciantes de cualquier forma de represalia, incluyendo despido, degradación o cualquier otra forma de trato injusto
- Proporcionar asesoramiento y apoyo a los denunciantes: Esto puede incluir proporcionar acceso a asesoramiento legal gratuito y representación en procedimientos judiciales
- Responder a las denuncias de manera oportuna: La Directiva establece plazos específicos dentro de los cuales las organizaciones deben dar acuse de recibo de la denuncia y proporcionar feedback al denunciante
- Promover una cultura de integridad y transparencia: Las organizaciones deben fomentar un ambiente en el que los empleados se sientan cómodos denunciando irregularidades sin temor a represalias
Impacto en la legislación nacional
La Directiva Whistleblowing de la Unión Europea ha tenido un impacto significativo en las leyes nacionales de protección a los denunciantes. Su objetivo es establecer un nivel mínimo de protección en todos los estados miembros y homogeneizar el panorama de la denuncia de irregularidades.
Esta directiva amplía el alcance de la protección para los denunciantes más allá del sector público para incluir a empresas privadas con 50 o más empleados, así como a organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otras entidades. Exige a los Estados miembros proporcionar a los denunciantes que trabajan en los sectores público y privado canales efectivos para denunciar violaciones de las normas de la UE de manera confidencial, estableciendo un sistema sólido de protección contra represalias.
Además, la Directiva marca un gran avance en los estándares de protección a los denunciantes, y su impacto se sentirá a nivel global. Las nuevas leyes de la UE sobre denunciantes representan un cambio significativo en el enfoque hacia la denuncia de irregularidades en muchos países de la UE, así como una alteración significativa de la normativa de cumplimiento.
Aunque la Directiva de la UE no establece penas mínimas, exige que las versiones nacionales de la ley penalicen a aquellos que impidan la denuncia. La represalia puede tener un impacto negativo en la moral general de los empleados.
Es importante destacar que, dado que la Directiva establece estándares mínimos, es posible que ciertos estados miembros decidan crear una legislación más estricta.
Denunciantes en el sector público
La Directiva Whistleblowing tiene una aplicación amplia y afecta tanto a empleados del sector público como a instituciones gubernamentales. Según la información obtenida, las responsabilidades y obligaciones derivadas de la Directiva se aplican de manera general a todos los empleados y al público en general.
En el caso específico de los empleados públicos, la Directiva establece que se deben establecer canales internos de denuncia de irregularidades y que los empleados deben tener la capacidad de informar posibles infracciones de forma segura y confidencial. Además, se señalan «los primeros indicios» de posibles irregularidades en que incurren los organismos gubernamentales, lo que ayuda a prevenir y limitar daños.
La Directiva también protege a los denunciantes que trabajen tanto en el sector privado como en el público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral.
Es importante recordar que la Ley entró en vigor el 13 de marzo de 2023, aunque el plazo que tienen las empresas y Administraciones obligadas para implantar los Sistemas internos de información y adaptación de los ya existentes no termina hasta el 21 de mayo de 2023.
Efectividad y seguimiento
Esta Directiva ha introducido un conjunto de normas para proteger a los denunciantes y promover la transparencia y la lucha contra la corrupción en toda la Unión Europea. Sin embargo, la evaluación de su efectividad es un proceso en curso.
Según un estudios publicados para valorar su efectividad, es necesario evaluar el nivel de protección de los denunciantes, la confidencialidad y la eficacia de las informaciones.
En algunas publicaciones también se hacen eco de que existen serias dudas sobre la efectividad de la Directiva, particularmente en términos de lucha contra la corrupción, transparencia y evaluación del impacto.
Un informe en Tcu.es muestra que la imagen de los denunciantes sigue siendo negativa en algunos lugares, lo que puede limitar la efectividad de la Directiva. El mismo informe menciona que se están realizando evaluaciones para determinar su efectividad.
En resumen, aunque esta Directiva ha establecido un marco importante para la protección de los denunciantes y la promoción de la transparencia, su efectividad varía y está sujeta a evaluación continua.
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